jueves, 21 de agosto de 2025

Primera Sala declara Constitucional prevalencia de derechos de pueblos indígenas sobre el derecho a la vivienda.

 Primera Sala declara Constitucional prevalencia de derechos de pueblos indígenas sobre el derecho a la vivienda.

La Primera Sala de la Corte estableció que es Constitucional que el derecho a la identidad, supervivencia y libre determinación de los pueblos indígenas prevalezca ante el derecho a una vivienda digna y decorosa de uno de sus miembros. 

El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo en el que una persona de la comunidad indígena zapoteca de San Juan Atepec, Ixtlán de Juárez, Oaxaca demandó a la comunidad, debido a que la Asamblea General le ordenó devolver el solar que le había asignado y demolió la vivienda que había construido, por incumplir con sus cargos y servicios a la comunidad durante 29 años, e incluso, por los gastos económicos que les ocasionó, al demandarlos ante distintas instancias. 

Decisión que fue confirmada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Oaxaca, al convalidar el Sistema Normativo interno de la comunidad y reconocer el procedimiento jurisdiccional que llevó a cabo la asamblea, por lo que solo ordenó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas otorgar una compensación al afectado con motivo de la sanción impuesta.

Al resolver el amparo la Primera Sala de la Corte determinó que la decisión de la Sala Indígena es constitucional pues si bien las acciones denunciadas restringen el derecho a una vivienda digna y decorosa, tienen un fin válido, proteger, promover, respetar y garantizar la identidad, supervivencia y libre determinación de los pueblos indígenas, en particular, garantizar su derecho a implementar y poner en práctica su propia jurisdicción especial. 

Precisó que, en el caso, el Derecho de Propiedad no fue restringido sino el de posesión de un solar que la propia comunidad había otorgado en usufructo al afectado para construir su vivienda, de manera que el derecho de propiedad del que se habla siempre permaneció en la comunidad. 

Indicó que el derecho a la vivienda digna también se salvaguarda con la compensación que se ofreció para resarcir íntegramente los daños ocasionados, misma que la Sala estableció, deberá ser suficiente para garantizar el estándar mínimo a una vivienda digna y decorosa. 

Primera Sala establece metodología para analizar reconocimiento de inocencia

 

Primera Sala establece metodología para analizar reconocimiento de inocencia

 

 

La Primera Sala de la Corte estableció metodología para analizar el incidente de reconocimiento de inocencia previsto en el Artículo 486 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Petición que procede de manera excepcional cuando se demuestra, sin duda alguna, que una persona que previamente ha sido declarada culpable de la comisión de un delito es inocente. 

Lo anterior sucede cuando con nuevas pruebas, firmes y claras, se demuestra que el delito no existió, la persona sentenciada no participó en los hechos o se invalidan formalmente las pruebas en que se fundó la condena mediante una sentencia distinta que adquiere el carácter de irrevocable.

La Sala precisó que, para analizar el reconocimiento de inocencia, las personas juzgadoras deben examinar si las pruebas invalidadas en esa sentencia son las mismas que sirvieron para sustentar el fallo de condena en el que se pide el reconocimiento de inocencia. 

Abstenerse de cuestionar lo decidido en aquella determinación posterior; e identificar las pruebas que subsisten y valorar si son suficientes o no para acreditar el delito, así como la responsabilidad penal, sin invalidar pruebas que no fueron declaradas ilícitas. 

A partir de este razonamiento, devolvió el asunto al Tribunal Colegiado del conocimiento para que, a partir de la metodología expuesta, resuelva el caso planteado. 

Este asunto derivó del incidente de reconocimiento que promovió una de dos personas que fueron sentenciadas por el delito de secuestro, mismo que se declaró fundado, se anuló la sentencia y se ordenó su inmediata libertad, lo que fue impugnado en revisión por la víctima.

 

miércoles, 20 de agosto de 2025

Reforma al Poder Judicial no tocó puntos que exigían los justiciables

 

Reforma al Poder Judicial no tocó puntos que exigían los justiciables.

Era necesaria una reforma en el Poder Judicial, sobre todo, en el tema de democratización y cercanía con la sociedad, sin embargo, no se tocaron los puntos fundamentales para una reforma integral como los justiciables lo exigían, afirmó el jurista Alfonso Herrera.

Durante una entrevista con el Centro Tenoch TV, señaló que hizo falta una estrategia más agresiva para mostrar lo que hacía al Poder Judicial y en qué puntos era esencial la reforma. 

"Tiene que hacerse una reflexión integral pero además multidisciplinaria de los problemas que tenemos. No podemos seguir manteniéndonos con la idea de que los abogados a sus zapatos no, ese dicho de que zapatero a sus zapatos se acabó. En materia del Poder Judicial tiene que haber una interrelación entre sociedad civil, abogacía académicos y me parece que esa es la mejor manera de enfrentar los grandes, iba a decir retos pero eso es un lugar común, hay que decir de frente problemas que tenemos" afirmó el jurista. 

Señaló que, de la experiencia en las primeras elecciones judiciales, se deben corregir procesos, con el objetivo de lograr comicios democráticos, deliberativos, participativos y ciudadanos, en 2027.

También habló del futuro en la impartición de justicia, toda vez que se cambiaron las metodologías de selección de funcionarios judiciales, pero no las estructuras normativas.

"Si hacemos que nuestro ordenamiento permita que una persona a la que no se le ha comprobado mínimamente nada y se permita que no haya un ordenamiento de una persona profesional que es un juez para que nos diga si en verdad hay una comprobación mínima y es necesario aprehenderlo provisionalmente y nuestro ordenamiento lo armamos de tal manera que permita esa deficiencia a eso me refiero, desde luego que va a mantenerse la probabilidad muy alta de  que la arbitrariedad la corrupción y de que la deficiencia en el éxito en el sistema de justicia" destacó el especialista en Derecho Constitucional. 

Participación política pilar esencial para el fortalecimiento de la democracia: CIDH

 

Participación política pilar esencial para el fortalecimiento de la democracia: CIDH

La protección de la participación política constituye un pilar esencial para el fortalecimiento de la democracia en la región, reveló el director jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo González, al participar en un foro sobre el tema.

“La necesidad de preservar la integridad de los procesos electorales que permita efectivamente el pluralismo político y la existencia misma de sistemas democráticos”, expresó el representante del organismo internacional.

Subrayó que los Estados deben asegurar condiciones adecuadas como seguridad y libertad de expresión, para que todas las personas, especialmente los grupos vulnerables, ejerzan sus derechos políticos sin discriminación, intimidación y violencia.

“Que las personas que pertenecen por ejemplo a grupos históricamente discriminados tengan realmente acceso a participación y a poder ser parte de la toma de decisiones en una democracia” subrayó el director jurídico de la CIDH.

Por su parte, la comisionada Gloria Monique de Mess agregó que no puede haber garantía de los derechos humanos sin un entorno democrático que defienda la libertad, igualdad y el estado de derecho.

“No puede haber democracia legítima sin derechos humanos, en particular, sin el ejercicio libre y efectivo de los derechos políticos” advirtió la comisionada.

Al concluir, indicó que los adultos mayores y los pueblos afrodescendientes han enfrentado históricamente discriminación, lo que ha provocado su exclusión de la participación política.

Segunda Sala emitió criterios para la protección de los trabajadores


La Segunda Sala de la Corte ha emitido criterios que protegen los derechos laborales de los trabajadores, entre ellos, el derecho a la vivienda.

Al resolver una contradicción estableció que cuando en un juicio laboral queda acreditado que el patrón omitió el pago de las aportaciones al Infonavit, la junta debe condenar al patrón a que las entere por el tiempo que duró la relación laboral, aunque ya no exista dicho nexo.

Lo anterior, explicó la Sala, ya que se trata de una prestación que se encuentra inmersa en el derecho a la seguridad social; y porque, además, diversos pactos internacionales protegen el derecho del trabajador a una vivienda adecuada. 

Beneficio que los patrones deben garantizar mediante aportaciones al Infonavit, con el fin de que el trabajador pueda acceder a financiamiento accesible para adquirir una vivienda.  

miércoles, 13 de agosto de 2025

Desafíos de la Cuarta Transformación en materia tecnológica y modelo de gobernanza

 

Desafíos de la Cuarta Transformación en materia tecnológica y modelo de gobernanza

La Cuarta Transformación (4T) ha prometido un cambio profundo en la vida pública del país. Sin embargo, en materia tecnológica y de gobernanza, los desafíos persisten -y se agravan- a medida que el aparato gubernamental continúa operando bajo lógicas del siglo pasado. La inercia burocrática, los pobres resultados institucionales, la creciente insatisfacción ciudadana y las restricciones presupuestales exigen no solo un nuevo discurso, sino una transformación real de fondo. Si se desea dar resultados diferentes, es urgente hacer las cosas de forma diferente, como aseguraba Einstein.

Es un hecho que la burocracia, la inoperabilidad, la sobrerregulación y la opacidad, son propicias para aquellos que buscan corromper la legalidad del sistema, es decir, se vuelve terreno fértil y propicio, por ello, para llegar a los resultados esperados debemos actualizar la gestión pública.



Una burocracia paralizante

La administración pública mexicana sigue operando con procesos fragmentados, redundantes y excesivamente regulados. La burocracia, lejos de garantizar legalidad y control, se ha convertido en una trampa que ralentiza decisiones, ahoga la innovación y diluye la responsabilidad institucional. En muchos casos, los servidores públicos se ven obligados a cumplir procedimientos sin sentido práctico, únicamente por cumplir con una norma desactualizada.

Esta rigidez ha limitado la capacidad del Estado para adaptarse a contextos cambiantes, responder con agilidad ante crisis o brindar servicios públicos acordes con las expectativas ciudadanas actuales.

Malos resultados e insatisfacción social

Los indicadores de desempeño gubernamental muestran una constante: desconfianza ciudadana, baja calidad en los servicios, opacidad, corrupción y lentitud. La promesa de un Estado cercano, transparente y eficiente aún está lejos de cumplirse.

En un contexto donde las personas interactúan a diario con plataformas privadas ágiles, intuitivas y personalizadas, el contraste con los servicios gubernamentales -muchos aún presenciales, impersonales y burocratizados- genera frustración, enojo y una percepción creciente de ineficiencia.

Carencias presupuestales como barrera, no como excusa

La falta de recursos ha sido un argumento recurrente para justificar la falta de innovación. Sin embargo, la verdadera causa de la ineficiencia gubernamental no es solo presupuestal, sino estructural. Hay recursos, pero se utilizan mal. Se dispersan, se duplican esfuerzos, se invierten en soluciones parciales que no dialogan entre sí.

En lugar de replicar viejas fórmulas, es momento de repensar el modelo completo: reducir costos mediante simplificación de procesos, interoperabilidad tecnológica y decisiones estratégicas basadas en datos.

Como parte de mi investigación doctoral sobre tecnología de punta en la contratación pública, resultó que el costo de inversión en tecnología y un nuevo modelo de gobernanza se paga solo si le pegamos al porcentaje de la corrupción e ineficiencia. La formula no falla y presupuesto para la mejora debe generarse con ahorros, eficiencias y mejor aplicación del recurso público.

Tecnología de última generación como palanca de cambio

La tecnología no debe verse como un accesorio, sino como una condición indispensable para transformar la gestión pública. Herramientas como inteligencia artificial, blockchain, automatización robótica de procesos (RPA), analítica avanzada y sistemas interoperables permiten mejorar la trazabilidad, reducir tiempos, aumentar la transparencia y brindar servicios centrados en las personas.

Pero la tecnología no opera en el vacío. Necesita de un ecosistema institucional y normativo que le permita desplegar todo su potencial. Aquí debemos dar el primer paso con la construcción de bases de datos que den la posibilidad de hacer analítica avanzada para toma de decisiones y, darle el soporte a las herramientas propicias.

Hacia un nuevo modelo de gobernanza

Para que la tecnología transforme verdaderamente al Estado, es necesario cambiar también la forma en que se gobierna. Se requiere un modelo de gobernanza que:

  • Coloque al ciudadano al centro, no al procedimiento.
  • Integre la toma de decisiones basada en evidencia y no en intuición política.
  • Fomente la colaboración interinstitucional mediante plataformas tecnológicas comunes.
  • Priorice la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas.

Este modelo también exige un Estado más flexible, que entienda que la desregulación y la mejora regulatoria no son una amenaza al control, sino un vehículo hacia la eficiencia.

Gestión del cambio y capacitación: la clave está en las personas

Una transformación real no es solo digital, es también cultural. Por ello, es indispensable trabajar con el personal público en su propio proceso de cambio. Capacitar, sensibilizar, incorporar metodologías ágiles y brindar herramientas prácticas para que el cambio no sea una carga, sino una oportunidad.

La resistencia no debe ser vista como un obstáculo insalvable, sino como una señal de que el cambio necesita ser más empático, más claro y acompañado.

El Estado atrapado en el siglo XX

Los gobiernos mexicanos, independientemente del signo político, han arrastrado una inercia burocrática basada en la lógica del papel, la firma autógrafa y la validación múltiple. Esta cultura administrativa no solo impide la eficiencia, sino que genera un entorno de desconfianza, desmotivación interna y maltrato institucional tanto para los usuarios como para los propios servidores públicos.

A esto se suma el uso de tecnología obsoleta, sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y soluciones digitales que responden más a la oferta del proveedor que a las necesidades del proceso. En lugar de agilizar, muchas tecnologías implementadas terminan replicando digitalmente la ineficiencia preexistente.

Un escenario posible si todo sigue igual

Si el gobierno mantiene su funcionamiento actual -basado en procesos burocráticos redundantes, infraestructura tecnológica obsoleta, opacidad institucional y resultados públicos sin impacto tangible- el escenario futuro será preocupante. Entre las consecuencias más probables se encuentran:

  • Mayor erosión de la confianza ciudadana, especialmente entre jóvenes que esperan servicios digitales ágiles, transparentes y personalizados.
  • Desconexión entre políticas públicas y resultados sociales, al no contar con datos confiables ni herramientas analíticas para evaluar impactos.
  • Fuga de talento público, por frustración ante estructuras que impiden innovar o mejorar.
  • Crecimiento del gasto ineficiente, debido a la duplicidad de procesos, contrataciones tecnológicas inadecuadas y mala planificación.
  • Aumento de la corrupción estructural, facilitada por la opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de trazabilidad tecnológica.
  • Aislamiento institucional frente a estándares internacionales, afectando la competitividad, cooperación internacional y cumplimiento de compromisos multilaterales.

El Estado corre el riesgo de volverse irrelevante para una sociedad cada vez más exigente y tecnológica, así como inoperante ante la globalización y competencia internacional. Y eso no se soluciona con retórica, sino con acción.

Tecnología y gobernanza: palancas para revertir el colapso institucional

El panorama anterior no es inevitable. Existen rutas claras para revertirlo, pero exigen voluntad política, decisión técnica y liderazgo institucional. En concreto, se requiere:

  • Tecnología de última generación al servicio de procesos, no al revés: inteligencia artificial, blockchain, automatización y plataformas interoperables.
  • Nuevo modelo de gobernanza, centrado en el ciudadano, basado en evidencia y con enfoque de colaboración horizontal.
  • Rediseño de procesos con enfoque en eficiencia, simplicidad y valor público.
  • Desregulación y mejora regulatoria para eliminar normas obsoletas y habilitar lo digital.
  • Gestión del cambio y capacitación continua para empoderar al personal público como protagonista de la transformación.

La 4T está en deuda en materia de innovación gubernamental. Si se desea un Estado que funcione, que resuelva y que recupere la confianza social, se requiere una transformación tecnológica acompañada de una reforma profunda al modelo de gobernanza.

¿Cómo se valida un contrato digital? Expertos en legaltech explican los mecanismos clave

 

¿Cómo se valida un contrato digital? Expertos en legaltech explican los mecanismos clave

La digitalización ha transformado profundamente el funcionamiento de las empresas, y el sector legal se presenta como uno de los sectores con mayor potencial de transformación. En este escenario, los contratos digitales han surgido como una herramienta fundamental, ya que no solo permiten agilizar trámites y optimizar la gestión del tiempo, sino que también ofrecen un elevado nivel de seguridad jurídica, siempre y cuando sean implementados de manera adecuada.



Este tema fue abordado en el panel “Contratos digitales: El futuro legal en México”, un evento privado organizado por Urdaten y dirigido a especialistas del ámbito jurídico. El encuentro reunió a tres expertos en derecho, tecnología y protección de datos: Alejandro Leal, Managing Partner en América Legal; Pablo Morales, Head of Legal en InSwitch; y Lorena Navarro, Vicecoordinadora del Comité de Derecho Digital & Privacidad en ANADE, quienes compartieron su visión sobre la evolución de los contratos en entornos digitales.

Durante la conversación se dejó claro que los contratos digitales sí tienen validez legal en México, siempre que cumplan con los lineamientos establecidos en el Código de Comercio, el Código Civil Federal, la Ley Federal del Trabajo, entre otros marcos normativos. También se enfatizó que, cuando están bien estructurados, estos contratos pueden ofrecer mayor trazabilidad, control y protección que los contratos físicos.

Es importante destacar que firmar digitalmente no es solo adjuntar una firma escaneada. Para que un contrato digital tenga validez y seguridad jurídica, es indispensable utilizar los canales y herramientas adecuadas, sólo de esta forma nos aseguramos de que se cumplan una serie de requisitos técnicos y legales. Entre los principales mecanismos que garantizan esa certeza se encuentran:

  • Firma electrónica avanzada: sustituye legalmente a la firma autógrafa, y se vincula de manera única con la persona firmante.
  • Trazabilidad del consentimiento: cada paso del proceso queda registrado digitalmente, desde la aceptación de términos hasta la validación de identidad.
  • Sello de tiempo (timestamp): indica con precisión la fecha y hora en que se firmó el documento, evitando manipulaciones posteriores.
  • Geolocalización: registra la ubicación desde la que se firma, agregando una capa adicional de verificación.
  • Prueba de vida y registro en video: permite verificar que la persona que firma es quien dice ser, a través de video o gestos capturados durante el proceso.
  • Verificación de identidad y listas negras: se integran procesos que cruzan datos con registros oficiales como el padrón del INE o listas como las del SAT, la DEA y la Interpol.
  • Cifrado y huella digital del documento (hash): cada archivo firmado genera un código único. Si se modifica el documento, el hash se rompe, lo que permite detectar alteraciones.
  • Repositorios digitales seguros: garantizan que el documento permanece inalterado y disponible para consulta, auditoría o uso legal posterior.

En el evento también se discutió el uso de tecnologías como blockchain para reforzar la integridad de los documentos, al registrar cada transacción en bloques inalterables que actúan como evidencia técnica con valor probatorio.

Si bien persiste cierta resistencia al cambio, los panelistas coincidieron en que es un tema que hay que abordar desde la cultura corporativa, pues la seguridad jurídica en entornos digitales es posible y alcanzable, siempre que se cumplan con las normativas aplicables y se utilicen herramientas como Urdaten que respalden todo el proceso de manera profesional. 

               

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